La nueva norma de carga pública, que el gobierno de Trump pretende implementar para frenar la inmigración legal, consiste básicamente en permitir al servicio de inmigración negar beneficios migratorios, que incluyen la residencia legal permanente o «green card» a extranjeros que utilizan ayudas públicas, tales como cupones de comida, asistencia médica o ayuda para el pago de la vivienda, entre otros.
La nueva norma, ya había sido anunciada por el gobierno de Trump desde octubre del 2018 y su versión final fue dada a conocer el pasado mes de agosto en el Registro Federal, la cual luego de ser sometida a un período de comentarios públicos por 60 días, debía entrar en vigor el 15 de octubre del actual, asunto que aún está por ver, dado que enfrenta fuerte condena de grupos cívicos y religiosos en todo EEUU, que la han tachado como una medida discriminatoria que pretende excluir a los pobres y reducir la inmigración legal, afectando a miles de extranjeros, sobre todo de bajos recursos económicos que incluso califican para recibir ciertos tipos de asistencias por parte del Estado.
De implementarse la nueva regla de carga pública, los agentes federales de inmigración podrán tomar decisiones sobre la base de los méritos de cada caso en particular, y a cada requisito asignarán una puntuación que sólo concederá dos opciones: negativo o positivo.
Lo cual quiere decir que si por ejemplo: un ciudadano estadounidence pide la residencia legal permanente de un padre, el gobierno analizará toda una gama de factores, entre ellos: edad, estudios, profesión, estado de salud, si tiene o no seguro médico, situación financiera del hijo ciudadano que lo pide, evaluación de familiares inmediatos, establecerá si existe una amenaza de que en el futuro cercano se convierta en carga pública temporal o permanente, ingresos, enfermedades y/o estado físico, entre otros factores.
La suma de los valores positivos y negativos será lo que determinará si el agente autorizará el beneficio migratorio solicitado o lo rechazará por no apegarse al reglamento.
El cambio respecto a la ley actual es que la Administración Trump pretende ampliar sustancialmente la definición de quiénes son o podrían ser una «carga pública», de modo que más personas de bajos recursos se verán obligados a escoger entre obtener su residencia permanente u otro ajuste migratorio, y perder acceso a servicios de beneficencia pública.
Bajo el nuevo reglamento, el término «carga pública» se aplicará a cualquier individuo que recibe al menos un beneficio público durante más de doce meses en un periodo de tres años.
Si el gobierno cree que la persona será una «carga pública», puede negarle ingreso a EEUU, la residencia permanencia, o la extensión de una visa temporal en vigencia.