La Ley Helms-Burton, aprobada desde 1996, consolidó el embargo contra Cuba, ya que estableció que el Congreso y el Senado de los EE.UU, deberían autorizar su levantamiento.
A pesar de la antigüedad de dicha ley, ninguno de los anteriores presidentes se había atrevido a llegar al extremo de poner en funcionamiento el título III, razón por la que cada tres meses se iba suspendiendo. El principal motivo era que atentaba directamente contra algunos países europeos “teóricamente aliados” con intereses en la isla, pero también porque las demandas potenciales oscilan entre las 75.000 y las 200.000, según el gobierno de Estados Unidos y pueden llegar a colapsar el sistema judicial.
Es importante recordar que hace apenas un mes, Trump lanzó un aviso con un desbloqueo parcial del título III de la Helms-Burton, pero que solo afectaba a unas 200 entidades estatales vinculadas a las fuerzas armadas mayoritariamente subordinadas al conglomerado militar-industrial GAESA. Estas compañías ya estaban incluidas en la «Lista de Entidades Cubanas Restringidas» que Washington sancionó hace dos años prohibiendo a sus ciudadanos realizar cualquier tipo de negocio con ellas.
A pesar de que el Departamento de Estado aseguró que la medida no afectaría a la contraparte extranjera de las empresas mixtas, la semana pasada la Casa Blanca hizo extensivas las denuncias a todas las propiedades confiscadas y sin dejar al margen a los socios europeos.
A partir del anuncio de la aplicación de la medida a partir del próximo 2 de mayo, se ha generado inquietud entre los empresarios europeo que está sujeto a miles de denuncias, pues hasta ahora se trataba sólo de una medida básicamente simbólica porque, aunque las cortes fallaran a favor de los reclamantes, la justicia americana no tenía forma de obligar a las autoridades cubanas a pagar las indemnizaciones.
De aquí la contundente reacción de la Unión Europea que intentará evitar a toda costa este escenario y asegura estar preparada contra estas medidas comerciales que considera «dañinas» e «injustas».