La Corte Suprema en los EE.UU ha permitiendo que el gobierno de Donald Trump implemente un nuevo reglamento de carga pública, el cual hará más difícil para los inmigrantes de bajos recursos obtener la residencia.
La incertidumbre predomina en muchos actualmente, sin embargo son varias las cuestiones que merecen ser aclaradas.
Lo primero es que no deben preocuparse quienes anterior al 24 de febrero del año en curso, (fecha en la que entrará en vigor dicha norma) hayan realizado algún proceso para la residencia o hayan recibido algún tipo de ayuda, pues la nueva regla no tendrá carácter retroactivo.
Tampoco afectará a aquellos cubanos que se están haciendo residentes bajo la ley de ajuste cubano, personas con asilo aprobado, personas buscando la residencia por ser víctimas de un crimen o aquellas con un Vawa aprobado.
Entonces hablemos de lo que afecta realmente, según la regla final, USCIS analizará los factores requeridos en la ley tal como la edad, salud, ingresos, educación y habilidades de un extranjero, entre otros, para determinar si es probable que en cualquier momento pueda convertirse en una «carga pública”.
De igual manera se ha advertido que no sólo afectará a los que buscan convertirse en residentes legales permanentes (green card o tarjeta verde), sino todos los trámites en busca de un beneficio migratorio, incluso la obtención de una visa.
Se incluye también el requisito que los extranjeros que buscan extender o cambiar su estatus migratorio deben demostrar que no han recibido beneficios públicos desde que obtuvieron el estatus de no inmigrante que buscan extender o cambiar.
Sin embargo no todos los grupos de inmigrantes, ni todos los programas de ayuda pública aplicarán para esta nueva norma. Pues sólo serán tomados en cuenta a la hora de evaluar el ajuste de estatus los que han sido mencionados de forma explícita en el documento legal de dicha norma, ellos son:
- Cualquier asistencia financiera en efectivo cuantificable (cash assistance) otorgada por una entidad federal, estatal o local para el mantenimiento de ingresos (conocidos como «asistencia general»).
- Supplemental Security Income (SSI).
- Asistencia temporal para familias necesitadas (TANF).
- Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP, conocidos como «Food Stamps»).
- Programa de la Sección 8 de Vales para el Alquiler de Viviendas.
- Asistencia para la Vivienda Pública de la Sección 9 de la Ley de Vivienda de 1937.
- El Medicaid financiado por el gobierno federal.
Finalmente la realidad es que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) considerara que el uso de beneficios públicos es un factor negativo al evaluar si un individuo se convertirá en una “carga pública”. Además, el ser aprobado para recibir o haber recibido esos beneficios públicos por más de 12 meses dentro de los 3 años anteriores al envío de la solicitud es sopesado como un factor negativo de peso, de acuerdo con la regla.